A un mes de cumplirse el cierre de 34 emisoras de radio por parte de las autoridades, el Colegio Nacional de Periodistas se dirige a la opinión pública para solicitarle a Conatel que rectifique esta controvertida decisión, que tanto malestar ha causado en todos los estratos sociales del país, y le devuelva la señal a los propietarios que hasta entonces la habían venido operando legítimamente.
El cierre de estas 34 emisoras es un hecho insólito y sin precedentes en la historia de Venezuela. Ni siquiera el gobierno de Marcos Pérez Jiménez se atrevió a perpetrar un atropello semejante hablando a nombre de la democracia.
Sin precedentes, reiteramos, en Venezuela y en el mundo entero: no se conoce nación en este hemisferio en la cual un gobierno haya llevado a cabo una decisión semejante y por ello mismo se ha ganado una repulsa universal: radiodifusores y ligas de comunicación, parlamentos, organismos multilaterales, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales del mundo civilizado.
Particularmente significativa, en este caso, es la condena que, respecto al cierre de estas emisoras, hizo al Ejecutivo la Unesco: el brazo cultural y científico de Naciones Unidas es uno de los multilaterales con mayor prestigio en el mundo, e incluso ha reconocido y validado en el pasado algunos de los esfuerzos sociales del Gobierno Nacional.
El CNP saluda cualquier debate que promueva la democratización del espectro radial del país y sugiere a las autoridades explorar nuevas posibilidades técnicas: la reclasificación de las frecuencias y la digitalización de las bandas radiales que haría posible la entrada de nuevas propuestas sin agredir de forma tan insolente y primitiva al resto de la audiencia.
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