El Colegio Nacional de Periodistas quiere alertar a toda la nación las peligrosísimas implicaciones y las nefastas consecuencias para la vida nacional que tendría la eventual aprobación de una presunta ley “en contra de los delitos mediáticos”, tal y como lo ha sugerido la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.
Los delitos ya están tipificados en la Constitución y las leyes vigentes; no necesitamos más. La sola expresión “Delito Mediático” se explica por sí sola. Constituye un ardid poetico-jurídico fraguado por los instrumentos estatales para impedir el ejercicio de la crítica y del periodismo; para criminalizar y neutralizar las posiciones editoriales que no le convengan al gobierno nacional y para intimidar a toda la sociedad venezolana con un arma: la posibilidad de sanciones penales usadas a discreción contra quienes se tomen el atrevimiento de publicar reportajes inconvenientes, o denuncias que lastimen los intereses de los poderosos, o insumos que contradigan la propaganda oficial.
El gobierno nacional sabe que el trabajo de periodistas, medios de comunicación y articulistas contradice la discutible versión de la realidad que ofrecen los medios oficiales y está haciendo todo lo posible por neutralizarlos.
Para muestra un botón: la prohibición del spot del Cedice en el cual se defiende la propiedad privada. Independientemente de las opiniones que se puedan tener sobre el fondo del mensaje, el gobierno acude al expediente de la censura porque lo dicho le molesta y lo deja en evidencia.
Los venezolanos ya sabemos lo que significan en castellano este tipo de ardides. “Delito mediático” se parece demasiado a “no renovación de concesión” o a “democratización del espectro radioeléctrico” cuando quiere maquillar aquello que prometió jamás hacer: cerrar un canal de televisión, clausurar radios o aplicar, en términos policiales, la censura.
El CNP invita a reflexionar a la Fiscal Ortega Díaz, así como a los parlamentarios que tanto se devanan los sesos buscando caminos legales para ponerle apellidos o trabas legales al ejercicio de la libertad. En Cuba, por ejemplo, un cargo judicial por “propaganda enemiga” le puede acarrear décadas de cárcel, no sólo a un periodista, sino a un activista o a un ciudadano cualquiera.
Caracas, 4 de julio 2009
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