La publicación en primera página de El Nacional del interior de la Morgue de Bello Monte, el pasado 13 de agosto, generó que algunos organismos policiales reaccionaran y decidieran entorpecer, aún más, el acceso de los periodistas de sucesos a la información generada en esas dependencias públicas, tal como se evidencia en las medidas adoptadas por la directora de medicina forense de la citada morgue, al apostar funcionarios policiales con la clara intención de amedrentar a los reporteros que cubren la fuente. Esta acción se suma a una cultura de “secretismo” que se ha enquistado en las dependencias públicas en la que cualquier funcionario, temiendo quizá por su cargo u obedeciendo directrices superiores, prefiere callar y acallar, antes de dejar que la ciudadanía ejerza su derecho a saber.
Asimismo, aduciendo la protección de los “derechos colectivos y difusos de las niñas, niños y adolescentes”, el Ministerio Público notificó al diario El Nacional de una prohibición de publicar imágenes que, según el despacho, produzcan “terror y alteren la integridad síquica” de los menores. Esta resolución nos preocupa por el efecto de autocensura que se puede generar dentro de ese y otros medios de comunicación social, ya que queda a criterio de cada cual qué imagen puede o no tener los efectos antes mencionados, y que se utilice una causa noble como lo es la protección de los menores de edad como una excusa para silenciar a los medios.
Al “secreto” también se le suma el “desprestigio”, tal como se evidencia en los sucesos de hoy frente al Cicpc, cuando los funcionarios enfrentaron una manifestación de Voluntad Popular que exigía los datos de inseguridad, acusando a los medios de mentir, lo cual se contradice con los halagos que ese mismo organismo, en ocasión del Día del Periodista, hizo al entregarles un diploma en reconocimiento a la “ética y profesionalismo demostrados, en el desarrollo de las actividades periodísticas realizadas”, según se puede leer todavía en la página oficial del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia (www.mpprij.gob.ve).
Acciones como éstas se parecen a las adoptadas en el estado Aragua, donde hay órdenes de negarles el acceso a la fuente policial de los reporteros de la zona, denunciadas recientemente ante la XXIII Convención Nacional y que fueron rechazadas por los delegados de todo el país
Aunque las medidas tienen poca importancia a la hora de que profesionales cabales como los agremiados en el CNP, que tienen un compromiso ético asumido ante el público de buscar información a toda costa, la mera pretensión gubernamental de querer obstaculizar la labor de los reporteros nos convoca a protestar, no sólo porque hace más difícil nuestra labor, sino porque pueden generar autocensura en otras personas que pudieran servirnos de fuente de información. Las medidas tomadas, además de fútiles, no resuelven el problema que los medios de comunicación están denunciando, sino que están dirigidas a vulnerar el derecho de la ciudadanía a buscar, difundir y recibir información veraz de parte de sus autoridades.
Las acciones de los cuerpos policiales en contra de los periodistas, a nuestro juicio, reflejan que las autoridades gubernamentales están más pendientes de cuidar su imagen que a los ciudadanos, y que pretenden acallar al mensajero antes que cumplir la labor para la que fueron electos: brindarle al colectivo un ambiente de seguridad y paz, por lo que les recordamos que la función pública está en servicio de la población y no de las políticas informativas de ningún gobierno. El acceso a la información es un derecho humano.
Junta Directiva Nacional
Colegio Nacional de Periodistas
No hay comentarios:
Publicar un comentario